El Gran Hermano Digital

Un asunto recurrente sobre el uso de las nuevas tecnologías en el trabajo es si el empleador, da igual público o privado, tiene derecho a investigar las actividades de sus empleados a través de dichos medios (y a usar dicha información en su contra).

El tema viene a raiz de un artículo publicado en El Navegante, respondiendo a la consulta de un particular.

Según se explica, los intentos de legislar en la materia nunca han llegado a buen puerto, lo cual ha derivado en numerosas sentencias judiciales contradictorias.

En cierto modo, es lógico que no se haya podido regular de forma general el uso de Internet o el correo electrónico, dada la enorme cantidad de escenarios existentes.

A menudo, tendemos a posicionarnos en estos asuntos como blanco o negro, cuando la realidad nos demuestra que cada caso es un mundo aparte, y rara vez las culpas pueden caer de un único lado.

Habrá veces en que el abuso venga del trabajador, perjudicando a la empresa con su mal uso de los recursos que le facilita, y otras veces el abuso vendrá del empleador, que utilizará injustificada o ilegalmente su capacidad para vigilar la actividad del trabajador.

Por tanto, será el juez el encargado de dilucidar qué parte llevaba la razón. En el artículo se cita el caso de un directivo de una empresa gallega, despedido por visitar páginas pornográficas según atestiguaban los ficheros temporales de su ordenador.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia estableció que dichas pruebas no eran válidas porque habían sido obtenidas vulnerando los derechos del trabajador. El registro se había realizado sin la presencia del trabajador ni del Comité de Empresa, contraviniendo lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores para el registro de la taquilla del trabajador y de sus efectos personales.

En otras sentencias se había consagrado justo lo contrario, el derecho de la empresa a vigilar el uso de los recursos que ponia a disposición del empleado para realizar su trabajo. Por tanto, estábamos ante una clara situación de inseguridad jurídica para ambas partes.

Afortunadamente, la respuesta jurídica (y de sentido común, por cierto) ha llegado en forma de sentencia de la sala de lo Social del Tribunal Supremo, dictada en respuesta a un recurso de unificación de doctrina:

Lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- e informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos, así como de las medidas que han de adoptarse en su caso para garantizar la efectiva utilización laboral del medio cuando sea preciso, sin perjuicio de la posible aplicación de otras medidas de carácter preventivo, como la exclusión de determinadas conexiones.

Es decir:

• Que el ordenador no es equiparable a la taquilla, en los términos que había marcado el TSJ de Galicia
• Que para exigir responsabilidades al trabajador, se le debe advertir previamente de los términos y las consecuencias del mal uso de los recursos técnicos a su disposición, y
• Que lo anterior no excluye medidas adicionales para bloquear o impedir los abusos

Lo cual es una conclusión de lo más razonable, y que posiblemente podría alcanzarse sin haber tenido que llegar a las más altas instancias judiciales.

El debate final gira sobre cuál sería la mejor política de empresa a la hora de conceder el acceso a Internet o al correo electrónico a sus empleados.

Como siempre, la respuesta no es única y dependerá de factores como el tipo de trabajo del empleado, la cultura de la empresa o las capacidades técnicas de control disponibles.

En el caso de la Administración Pública, fue noticia recientemente la fugaz prohibición de acceder a determinadas webs deportivas dentro del Ministerio de Defensa.

El empleado público tiene importantes diferencias con el privado, pero no debemos caer en el simplismo de suponer que alguien que pase su jornada laboral viendo páginas deportivas va a ponerse a trabajar si no le dejan hacerlo.

El acceso a Internet puede ser muy beneficioso para las organizaciones mientras se use correctamente. Es importante marcar claramente las reglas del juego para que luego no haya sorpresas por ninguna de las partes.

RTVE 2.0

El "Ente Público" RTVE ha decidido apostar por Internet como medio estratégico para la difusión de sus contenidos.

Tal y como reconoce su propio director, Luis Fernández, esta apuesta llega con diez años de retraso. Más vale tarde que nunca, que se suele decir.

El nuevo portal llega bajo la filosofía de la Web 2.0: opiniones de los espectadores, blogs de los corresponsales, y contenidos bajo demanda.

Como plato fuerte, la programación propia estará disponible desde el portal durante una semana, en lo que se ha denomonado "televisión a la carta".

También se ha anunciado la publicación del archivo histórico audiovisual, de forma que programas como "Un, dos, tres" o "Verano Azul" estarán disponibles a través del nuevo portal.

Ayer la cosa iba un poco lenta (lógico, el día del lanzamiento), y con algunos enlaces rotos. Hoy he vuelto a entrar, y me he dado un baño de nostalgia con las introducciones de series míticas como Turno de oficio, La Bola de Cristal, o Verano Azul.

Hace poco me impresionó saber de la muerte del actor que interpretaba a Chema, el panadero de Barrio Sésamo. Anda que no ha cambiado desde mi infancia la situación de la tele como reina del ocio doméstico.

Ahora, los chavales prefieren (y con razón) pasar las horas delante de la pantalla del ordenador, que les ofrece infinitas posibilidades de entretenimiento, frente a la nula interactividad de la TV tradicional.

Incluso es posible ver los canales habituales en el ordenador (con calidad aún mejorable, eso sí) a través de programas como Zatoo, a la espera de soluciones más sofisticadas como Joost.

En fin, que se demuestra otra vez más que nada es para siempre, aunque a la tele (TDT mediante) aún le quede cuerda para rato.

Benditas palabras

El concepto de "humor jurídico" puede parecer una contradicción en sí mismo. A raiz de una anécdota que he escuchado recientemente, me he decidido a buscar algún ejemplo más en los papeles oficiales.

Sin duda, el ejemplo más celebrado fue el publicado en el BOE de 14 de Septiembre de 1984, a propósito del nombramiento de un juez y que firmaba el "Presidente del Consejo General del JODER Judicial".

Seguro que más de uno estaría de acuerdo en esta denominación alternativa. O con otra posterior, que hablaba del "CONEJO General del Poder Judicial". Se podrían juntar las dos variantes para dar un resultado bastante coherente.


Y es que parece que la justicia gusta de estas confusiones. O si no, que se lo digan al anterior Ministro de Industria Joan Clos, cuando juró solemnemente su cargo como Ministro de Justicia, Turismo y Comercio (para sorpresa del Ministro "desposeido" López Aguilar).

Pero los conejos (o gazapos) no son exclusivos de la judicatura. En el mundo universitario parece que también crían:


Y para que quede claro que no sólo en el BOE cuecen habas, en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 9 de abril de 1985, se recoge la contestación del gobierno a una pregunta sobre la extensión de la “autopsia” Santiago-Pontevedra (que espero fuese en realidad autopista).

O el anuncio en prensa de 25 de febrero de 1982 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, para la contratación eventual de un “delincuente-proyectista”, debiendo adjuntar la relación de méritos. (Aquí espero que se refiriese a un delineante, aunque visto cómo están las concejalías de urbanismo, nunca se sabe).

Para terminar, un aviso a los lectores de periódicos por Internet, publicado el El País:

Yo prometo no tener dichas intenciones con mis apreciados lectores. Antes de irme recomiendo este enlace con algunas erratas de imprenta bastante simpáticas.

La nueva Ley de Contratos y las aspirinas

Una vez concluidos los 6 meses de vacatio legis establecidos para la nueva Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público (LCSP), ya se encuentra plenamente vigente desde el pasado día 1 de mayo.

La reforma viene a trasponer por la Directiva 2004/18/CE, pero aprovecha para introducir bastantes cambios, de contenido, organización e incluso vocabulario.

Y parece que existe un consenso generalizado sobre las dificultades que está generando su comprensión y su aplicación.

Las críticas van desde quienes la consideran demasiado compleja, confusa o demasiado reguladora, hasta quienes afirman que perjudica a los contratistas.

Algún analista incluso la compara con un sudoku, dadas las continuas referencias entre los artículos, que complica el seguimiento de los mismos.

No tengo el conocimiento necesario para analizar si la reforma va por el buen camino o se aleja de él. No obstante, es un buen ejemplo para ilustrar la importancia de una buena regulación para el funcionamiento del país (éste y todos los demás).

De momento, los numerosos seminarios y manuales surgidos para explicar la nueva Ley dan qué pensar sobre su claridad.

Sin ánimo de guasa, yo propondría una persona de perfil tecnico elaborase, previamente a su publicación, un diagrama de flujo con la diferente casuística. Si no fuese posible porque el texto resultase ambiguo, incompleto o contradictorio se devolvería a la cocina hasta que quedase correcto.

En favor de los legisladores, hay que reconocer que no es sencillo confeccionar una regulación de calidad. De todas maneras, una cosa es el fondo y otra la forma. Con la última es dificilmente justificable una redacción confusa o desorganizada.

Sobre la regulación del fondo, me gusta poner el ejemplo de la regulación de la contratación de los dominios de internet .es

La normativa, en el loable intento de ser lo más garantista posible para los usuarios, imponía unos requisitos, trámites y tarifas exagerados. El resultado: la tasa más baja de registros de Europa en proporción y la proliferación del .com entre las empresas nacionales.

En 2005 se flexibilizó el sistema, suprimiendo los controles a priori, y bajando las tarifas, con el resultado que se puede ver en la gráfica.

A menudo en la regulación, menos es más, y es necesario renunciar a cierto garantismo para que las cosas funcionen bien (como por ejemplo en la confirmación del borrador del IRPF por SMS).

Para facilitar esta complicada tarea, una medida básica y sencilla es hacer partícipes del proceso a todos los actores involucrados, desde el ciudadano de a pie a los distintos actores sociales y empresariales implicados.

Los nuevos niños de azotes

Por su interés, reproduzco el estupendo artículo de Pedro Maestre de la Fraternidad Muprespa, titulado "Los nuevos niños de azotes" y relativo a las responsabilidades de los profesionales informáticos. Disfrutadlo:

En las cortes alemanas del siglo XVII había implantado un peculiar sistema consistente en que cuando los príncipes cometían alguna falta y había que proceder a castigarlos merecidamente, los azotes se les daban no a los príncipes sino a unos niños, también nobles, especialmente destinados a este fin y a los que se conocía como “niños de azotes”.

Este sistema se intentó implantar en Francia pero el rey Enrique IV, el de París bien vale una misa, no lo consintió. En una carta escrita por este rey el 14 de noviembre de 1607 escribe: “Deseo y ordeno que el delfín sea castigado siempre que se muestre obstinado o culpable de una mala conducta; por experiencia personal sé que nada aprovecha tanto a un niño como una buena paliza”.

La historia viene a cuento porque me da la sensación, o más bien la seguridad, de que el papel de los nuevos “niños de azotes” lo están asumiendo, casi institucionalmente, los profesionales informáticos. Cuando hay algún problema de gestión y algo no funciona, la responsabilidad siempre es de la informática y consiguientemente de los informáticos. Nada hay más socorrido que cuando los terminales de un banco dejan de funcionar, o se retrasa el pago de la nómina, o se adjudican mal los asientos en un tren, en un avión o en un teatro, los malos de la película son los informáticos y es a los que hay que azotar.

Siempre se dice, sin investigar el verdadero por qué, que la informática no funciona y que habría que acabar con ella. La realidad es que, a veces, la informática puede tener la culpa, pero en otras ocasiones, cuando las cosas no funcionan, son otros los auténticos responsables pero suelen evadirse de los azotes. Los usuarios suelen estar entre los que nunca reciben sus azotes; faltaría más, para eso tienen sus propios “niños de azotes”.

¿Puede alguien creer que, por ejemplo, como consecuencia de que una compañía eléctrica corte el suministro, si los sistemas informáticos dejan de funcionar y todos los equipos quedan paralizados, la culpa puede ser de alguien que no sean los informáticos? Evidentemente no, todos pensarán que otra vez ha fallado la informática y que los informáticos son unos incompetentes. De forma simplista se suele siempre echar la culpa al elemento que el usuario tiene más cerca. Si cuando algo no funciona, como decía Enrique IV, la paliza la recibiese el responsable real del daño causado, se evitarían muchos problemas y la gestión de las organizaciones sería mejor. Si se gasta mucho dinero en informática la culpa siempre es de los informáticos.

Si se cuantificase el dinero que se gasta en informática como consecuencia de la indeseable forma de actuar de muchos gestores, tal vez los azotes se le tendrían que dar al usuario y sus especificaciones empezarían a estar claras evitándose los continuos rebobinados ocasionados por especificaciones cambiantes y poco meditadas; pero como siempre el malo es el informático se le pueden seguir dando azotes, ahora, eso sí, el usuario nunca se corregirá y se tendrá que seguir castigando a los pobres “niños de azotes”.

Bien es verdad, que entre los informáticos hay bastantes masoquistas y en lugar de poner en evidencia las responsabilidades de los demás parece que disfrutamos asumiendo responsabilidades y azotes que no nos corresponden. Conviene insistir en la necesidad de dedicar tiempo a registrar todo lo que hacen otros para que pueda ponerse en evidencia que las incompetencias y fallos también las hacen otros. No se trata de echar culpas a nadie sino de conseguir que todos los que participan en un proyecto informático pongan su esfuerzo y atención para que salga lo mejor posible y sabiendo que los fallos se podrán imputar a los que los cometan y no solo a los informáticos.