Obviando las reacciones politizadas sobre sus palabras, parece claro que en un futuro donde converjan una población envejecida y menos trabajadores cotizando al sistema, tendremos un problema.
Las proyecciones demográficas, aún dejando un margen para desviaciones, son incontestables. La generación del baby boom, actualmente el grueso de la pirámide poblacional, se encuentra incorporada del lleno al mercado laboral y serán los pensionistas del futuro.Por tanto, con más perceptores y menos contribuyentes no quedan muchas salidas: o que los perceptores cobren menos, o que los contribuyentes paguen más, o ambas a la vez.
Recordemos que hay dos grandes modalidades para organizar los sistemas públicos de pensiones, el sistema de capitalización y el de reparto.
En el sistema de capitalización la Seguridad Social funcionaría como un fondo de pensiones privado. Cada trabajador iría realizando sus propias aportaciones para beneficiarse de las mismas y los intereses que hayan generad en el momento de la jubilación. Es decir, que cada persona paga con su ahorro pasado su pensión de jubilación.
En el sistema de reparto, el implantado actualmente en España, las pensiones que se van pagando en cada momento se financian con las cotizaciones de quienes están trabajando en dicho momento. Es decir, que en cada instante actual o futuro es necesario que exista un nivel suficiente de ingresos al sistema para sufragar los gastos.
Actualmente, el sistema goza de superávit, con el que se va alimentando el llamado "Fondo de reserva" de las pensiones. Ahora bien, con el actual sistema se prevé que cerca de 2015 pase a ser deficitario y sobre el 2025 se agote el fondo de reserva. Las estimaciones varían sobre las fechas pero en lo esencial coinciden en que tarde o temprano no habrá recursos suficientes para pagar pensiones.
Algunas soluciones ya se han empezado a apuntar, como retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años (igual que ya se ha hecho en Alemania) o computar toda la vida laboral en lugar de los últimos 15 años para el cálculo de la pensión (dado que habitualmente los mayores salarios se alcanzan en estos últimos años). De momento no se ha planteado directamente el aumento de las cotizaciones de los trabajadores o la reducción de las pagas de los pensionistas.
Otra línea de acción, fomentada con cierto disimulo por sus implicaciones, es promover la contratación de planes de pensiones privados como complemento de la pensión pública. Los incentivos fiscales para las aportaciones a dichos fondos van en esta línea.
Lo malo de este mecanismo (como sistema generalizado) es que proyecta una sensación de "sálvese quien pueda", con la pensión pública como mera prestación "de supervivencia", y el fondo privado como verdadero sustento para garantizar la calidad de vida más allá de los 65.
Sin embargo, el hecho de de que muchos fondos de pensiones que apostaron por la renta variable han perdido parte de su valor durante 2008 no ayuda a echar luz sobre el problema. Por otro lado no olvidemos que una gran parte de los trabajadores no quieren o pueden permitirse aportar a estos fondos.
Para el año 2009, las pensiones mínimas oscilan entre los 524€ y los 696€ brutos al mes para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. La casuística es muy grande, dependiendo del régimen de cotización y la situación personal y familiar. Pero baste decir que la pensión media es de 724€ mensuales, lo cual da una idea de que para una gran mayoría la pensión apenas cubre las necesidades básicas.
Hay que tener en cuenta no obstante que en la anterior estadística se incluyen tanto las pensiones contributivas (para aquellos que han cotizado al sistema) como las no contributivas o asistenciales, concedidas aunque no se haya cotizado al sistema o no se haya aportado lo suficiente. La pensión máxima es de 34.184€ anuales, es decir 2.441€ brutos mensuales.
¿Y qué ocurre con los funcionarios? Prácticamente todos los sistemas de seguro social incluyen sistemas especiales para determinados grupos, tales como los mineros, trabajadores del mar, autónomos o empleados del sector público. La justificación para ello está en el riesgo relacionado con sus actividades, su importancia estratégica o las características propias del trabajo que desarrollan.En España coexisten el régimen general y 5 regímenes especiales: de trabajadores del mar, agrario, para la minería del carbón, de los trabajadores por cuenta propia y de los empleados del hogar. Y fuera del ámbito de la Seguridad Social, un sistema de protección específico para determinados funcionarios públicos, el régimen de clases pasivas.
Sólo una parte de los empleados públicos están incluidos en el régimen de clases pasivas. La relación de participantes está detallada en el Real Decreto Legislativo 670/1987, y se trata principalmente de quienes poseen la condición de fucionario de carrera de la AGE, Fuerzas Armadas y Administración de Justicia. Salvo que provengan de la AGE, no están includos los funcionarios de CCAA y Ayuntamientos (el grueso del colectivo), el personal laboral de cualquier administración y otros casos particulares como los funcionarios de cuerpos de la Seguridad Social.
Aunque parezca un privilegio, en absoluto es un chollo. El funcionario deberá completar 35 años o más de servicio efectivo para poder recibir el 100% de su haber regulador correspondiente (que se fija para subgrupo y que suele ser menor del sueldo ordinario). Al igual que en la Seguridad Social son necesario 15 años de cotización para tener derecho a la prestación y la pensión máxima es la misma.
De hecho, y en la línea que comentábamos antes, desde 2004 la AGE ha puesto en marcha un Plan de Pensiones para sus empleados gestionado por el BBVA. Las contribuciones para el año 2009 van desde los 138€ para los subgrupos A1 a los 65€ de los grupos E. No es mucho pero a largo plazo ayudará a paliar la actual situación donde la pensión media por grupo de titulación va del 55% al 90% del salario en activo.
En definitiva, parece inevitable que las pensiones del futuro, tanto en el sector público como en el privado estarán mucho más limitadas que hoy en día. Es complicado concienciarnos del problema especialmente a quienes aún nos faltan muchos años para la jubilación, pero más nos vale pensar en ello.
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