Oposiciones Administración General del Estado 2009

En el BOE del 21 de mayo se ha publicado la convocatoria para el acceso a los distintos cuerpos y escalas de la Administración General del Estado cuya gestión depende de la Comisión Permanente de Selección (CPS):

• Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (Ingreso libre): 1.152 plazas en total, 996 por sistema general y 156 reserva para discapacitados.
• Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (Promoción Interna): 342 plazas en total, 317 por sistema general y 25 reserva para discapacitados.
• Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (Promoción interna): 463 plazas en total, 431 por sistema general y 32 reserva para discapacitados.
• Cuerpo Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (Promoción interna): 22 plazas en total, 20 por sistema general y 2 reserva para discapacitados.
• Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (Ingreso Libre): 122 plazas en total, 113 por sistema general y 9 reserva para discapacitados.
• Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (Promoción interna): 180 plazas en total, 164 por sistema general y 16 reserva para discapacitados.
• Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (Ingreso Libre): 38 plazas en total, 35 por sistema general y 3 reserva para discapacitados.
• Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (Promoción interna): 26 plazas en total, 23 por sistema general y 3 reserva para discapacitados.
• Escala de Gestión de Organismos Autónomos (Promoción interna): 100 plazas en total, 93 por sistema general y 7 reserva para discapacitados.

Se trata únicamente de las plazas adscritas al antiguo Ministerio de Administraciones Públicas (ahora Presidencia) y que gestiona la CPS, dada la gran cantidad de personas que concurren. Otras oposiciones tienen su propia convocatoria, como por ejemplo las pertenecientes a otros Ministerios o Administraciones, o las del subgrupo de titulación A1, que son gestionadas por tribunales específicos. Para recibir información sobre las distintas ofertas de empleo público se puede consultar la web 060.es.

Aunque según la propia convocatoria y la Oferta de Empleo Público para 2009 el primer ejercicio debería celebrarse antes del 15 de junio salvo casos excepcionales, ya se anuncia en la página del INAP que no se celebrarán antes del 15 de septiembre.

Entre el 22 de mayo y el 10 de junio se abre un plazo de 20 días naturales para presentar las solicitudes. La presentación se puede hacer tanto presencial como telemáticamente, incluido el pago de las tasas correspondientes.

Desde entonces, se abre un nuevo plazo máximo de un mes para aprobar la lista de admitidos y excluidos, junto al lugar y fecha de realización de los primeros ejercicios.

Según las las bases comunes para el ingreso en los cuerpos o escalas de la Administración General del Estado, las fases de oposición deberán concluir antes de que finalice el ejercicio correspondiente. En las pruebas que constan de un solo ejercicio (o varios, perio realizados el mismo día) el retraso acumulado no debería ser demasiado problema para cumplir plazos.

No obstante, para las pruebas que constan de tres ejercicios (por ejemplo Gestión del Estado y Gestión de Informática por turno libre) parece difícil que pueda lograrse. El año pasado se convocaron el 14 de marzo y éste el 21 de mayo. Hay menos plazas pero es dudoso que se llegue antes de Navidad, con los consiguientes inconvenientes.

Ánimo a todos aquellos que van a concurrir. Aunque siempre es tiempo para buscar un empleo de calidad, el aumento de opositores cuando hay tiempos difíciles augura una mayor competencia. Al igual que en la bolsa, donde hay que comprar cuando está baja y vender cuando está alta, conviene opositar cuando la privada está fuerte, pero no siempre se puede elegir.

La parte positiva es que con el retraso de la convocatoria hay un poco más de tiempo para prepararse mejor. ¡Suerte a todos!

Media Pensión

Han causado polémica las recientes declaraciones del gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones para garantizar su supervivencia.

Obviando las reacciones politizadas sobre sus palabras, parece claro que en un futuro donde converjan una población envejecida y menos trabajadores cotizando al sistema, tendremos un problema.

Las proyecciones demográficas, aún dejando un margen para desviaciones, son incontestables. La generación del baby boom, actualmente el grueso de la pirámide poblacional, se encuentra incorporada del lleno al mercado laboral y serán los pensionistas del futuro.

Por tanto, con más perceptores y menos contribuyentes no quedan muchas salidas: o que los perceptores cobren menos, o que los contribuyentes paguen más, o ambas a la vez.

Recordemos que hay dos grandes modalidades para organizar los sistemas públicos de pensiones, el sistema de capitalización y el de reparto.

En el sistema de capitalización la Seguridad Social funcionaría como un fondo de pensiones privado. Cada trabajador iría realizando sus propias aportaciones para beneficiarse de las mismas y los intereses que hayan generad en el momento de la jubilación. Es decir, que cada persona paga con su ahorro pasado su pensión de jubilación.

En el sistema de reparto, el implantado actualmente en España, las pensiones que se van pagando en cada momento se financian con las cotizaciones de quienes están trabajando en dicho momento. Es decir, que en cada instante actual o futuro es necesario que exista un nivel suficiente de ingresos al sistema para sufragar los gastos.

Actualmente, el sistema goza de superávit, con el que se va alimentando el llamado "Fondo de reserva" de las pensiones. Ahora bien, con el actual sistema se prevé que cerca de 2015 pase a ser deficitario y sobre el 2025 se agote el fondo de reserva. Las estimaciones varían sobre las fechas pero en lo esencial coinciden en que tarde o temprano no habrá recursos suficientes para pagar pensiones.

Algunas soluciones ya se han empezado a apuntar, como retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años (igual que ya se ha hecho en Alemania) o computar toda la vida laboral en lugar de los últimos 15 años para el cálculo de la pensión (dado que habitualmente los mayores salarios se alcanzan en estos últimos años). De momento no se ha planteado directamente el aumento de las cotizaciones de los trabajadores o la reducción de las pagas de los pensionistas.

Otra línea de acción, fomentada con cierto disimulo por sus implicaciones, es promover la contratación de planes de pensiones privados como complemento de la pensión pública. Los incentivos fiscales para las aportaciones a dichos fondos van en esta línea.

Lo malo de este mecanismo (como sistema generalizado) es que proyecta una sensación de "sálvese quien pueda", con la pensión pública como mera prestación "de supervivencia", y el fondo privado como verdadero sustento para garantizar la calidad de vida más allá de los 65.

Sin embargo, el hecho de de que muchos fondos de pensiones que apostaron por la renta variable han perdido parte de su valor durante 2008 no ayuda a echar luz sobre el problema. Por otro lado no olvidemos que una gran parte de los trabajadores no quieren o pueden permitirse aportar a estos fondos.

Para el año 2009, las pensiones mínimas oscilan entre los 524€ y los 696€ brutos al mes para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. La casuística es muy grande, dependiendo del régimen de cotización y la situación personal y familiar. Pero baste decir que la pensión media es de 724€ mensuales, lo cual da una idea de que para una gran mayoría la pensión apenas cubre las necesidades básicas.

Hay que tener en cuenta no obstante que en la anterior estadística se incluyen tanto las pensiones contributivas (para aquellos que han cotizado al sistema) como las no contributivas o asistenciales, concedidas aunque no se haya cotizado al sistema o no se haya aportado lo suficiente. La pensión máxima es de 34.184€ anuales, es decir 2.441€ brutos mensuales.

¿Y qué ocurre con los funcionarios? Prácticamente todos los sistemas de seguro social incluyen sistemas especiales para determinados grupos, tales como los mineros, trabajadores del mar, autónomos o empleados del sector público. La justificación para ello está en el riesgo relacionado con sus actividades, su importancia estratégica o las características propias del trabajo que desarrollan.

En España coexisten el régimen general y 5 regímenes especiales: de trabajadores del mar, agrario, para la minería del carbón, de los trabajadores por cuenta propia y de los empleados del hogar. Y fuera del ámbito de la Seguridad Social, un sistema de protección específico para determinados funcionarios públicos, el régimen de clases pasivas.

Sólo una parte de los empleados públicos están incluidos en el régimen de clases pasivas. La relación de participantes está detallada en el Real Decreto Legislativo 670/1987, y se trata principalmente de quienes poseen la condición de fucionario de carrera de la AGE, Fuerzas Armadas y Administración de Justicia. Salvo que provengan de la AGE, no están includos los funcionarios de CCAA y Ayuntamientos (el grueso del colectivo), el personal laboral de cualquier administración y otros casos particulares como los funcionarios de cuerpos de la Seguridad Social.

Aunque parezca un privilegio, en absoluto es un chollo. El funcionario deberá completar 35 años o más de servicio efectivo para poder recibir el 100% de su haber regulador correspondiente (que se fija para subgrupo y que suele ser menor del sueldo ordinario). Al igual que en la Seguridad Social son necesario 15 años de cotización para tener derecho a la prestación y la pensión máxima es la misma.

De hecho, y en la línea que comentábamos antes, desde 2004 la AGE ha puesto en marcha un Plan de Pensiones para sus empleados gestionado por el BBVA. Las contribuciones para el año 2009 van desde los 138€ para los subgrupos A1 a los 65€ de los grupos E. No es mucho pero a largo plazo ayudará a paliar la actual situación donde la pensión media por grupo de titulación va del 55% al 90% del salario en activo.

En definitiva, parece inevitable que las pensiones del futuro, tanto en el sector público como en el privado estarán mucho más limitadas que hoy en día. Es complicado concienciarnos del problema especialmente a quienes aún nos faltan muchos años para la jubilación, pero más nos vale pensar en ello.