Malos tiempos para los altos cargos

Tras el acuerdo del consejo de ministros del 30 de abril, hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto 495/2010, por el que se aprueba la reducción de 30 altos de la Administración del Estado (un secretario general y 29 directores generales).

Se ha criticado bastante la efectividad de la medida en términos de ahorro de costes. Está claro que los 16 millones de euros en que se ha cifrado el recorte son prácticamente despreciables como medida para reducir el déficit público. ¿Es entonces una medida inútil? ¿Está mal?.

En términos generales, la supresión o agrupación de órganos administrativos con poca entidad o con una actividad mínima parece algo deseable y encomiable. En el caso referido, la reorganización se trata de una buena práctica que debería propagarse a órganos y unidades de nivel inferior. Además, este tipo de medidas son bastante populares en términos de imagen.

Ahora bien, el problema es que suprimir altos cargos sin una razón concreta, sólo por ahorrarse su sueldo, puede crear graves problemas organizativos. Quitar al "jefe" no significa que desaparezca la actividad que gestiona. Veremos cómo se resuelven los casos en que desaparece una Dirección General con varias subdirecciones. Tanto si se quedan sin alguien que las coordine como si se reduce el rango de las unidades de rango inferior es previsible que su efectividad se reduzca, al tiempo que se incurre en nuevos gastos debidos a la reorganización.

Estos costes reorganizativos no son despreciables, y cabe preguntarse si compensan o incluso superan los ahorros por el alto cargo desaparecido. Los cambios orgánicos han de reflejarse en carteles, páginas web, folletos, organigramas, aplicaciones informáticas, etc. Las relaciones de puestos de trabajo deben actualizarse. Hay que pensar y aplicar los cambios organizativos que resulten de los cambios orgánicos. Y también existe un efecto difícilmente medible en la ruptura de la actividad normal de las unidades. Todo ello se refleja en muchas horas de trabajo de mucha gente.

Por todo lo anterior, si buscamos ahorrar, ¿y si lo más barato fuese no tocar nada?. Esta reflexión también es aplicable a mayor escala. Montar un Ministerio es muy costoso, sin duda... ¿pero desmontarlo no? No olviemos que los funcionarios se crean y se tranforman, pero no se destruyen. En estos procesos los sueldos de los altos cargos afectados son el chocolate del loro.

Un aspecto que ha pasado casi desapercibido es la regulación del contenido de los gabientes de los altos cargos (RD 495/2010, art. 18):

1. Los Gabinetes de los Vicepresidentes del Gobierno estarán integrados por un Director, con rango de Subsecretario, y un máximo de trece asesores, uno de ellos con rango de Director General, y los demás con rango de Subdirector General, pudiendo tener cuatro de ellos funciones de coordinación del resto. Los Vicepresidentes del Gobierno que ostenten simultáneamente la titularidad de un Departamento ministerial no contarán con el Gabinete a que se refiere el apartado siguiente.

2. Los Gabinetes de los Ministros estarán formados por un Director, con rango de Director General, y por un máximo de cinco asesores, con rango de Subdirector General.

3. Los Gabinetes de los Secretarios de Estado estarán formados por un Director y un máximo de tres asesores, todos ellos con nivel orgánico de Subdirector General.

4. Los puestos correspondientes a las oficinas o unidades de prensa o relaciones sociales podrán ser cubiertos, dentro de las consignaciones presupuestarias, por personal eventual que se regirá, en todo lo relativo a su nombramiento y cese, por las mismas disposiciones aplicables al personal de los Gabinetes de los Ministros.

¿Muchos? ¿Pocos? Que un Ministro tenga 6 asesores en total, con la cantidad de asuntos que maneja, no me parece exagerado. Me parecería más gravoso que no estuviese bien asesorado, aunque está claro que eso no depende directamente del número de asesores.

Los Vicepresidentes son lo que andan mejor dotados. 14 personas ya es un número considerable, máxime si lo comparamos con lo que se establecía en el Real Decreto 562/2004, donde se limitaban a 10.

Lo malo de la figura del asesor es que se presta a abusos, ya que su único requisito es ser nombrados por el político de turno, y en el peor de los casos estarán cobrando sin realizar niguna labor de utilidad. No creo que a nivel nacional haya muchos de estos casos, lo malo es la multiplicación por 17 y sobre todo por 8.000 cuando lo extrapolamos a las demás administraciones. La autonomía de estas entidades hace inviable una regulación nacional del uso de esta figura, pero a falta de normativa lo mínimo exigible es total transparencia en su existencia y nombramiento.