En el BOE del 23 de diciembre se publicaron los Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Una Ley de 449 páginas diseñada para reducir el déficit del estado al 6% del PIB, el 2,3% en lo que respecta a la administración central.
En cuanto a la distribución por capítulos de gasto, tenemos:
Comparado con el año 2010, sube el presupuesto de pensiones, gestión y administración de la seguridad social y deuda pública, y se reduce en todos los demás capítulos, especialmente el de infraestructuras.
En cuanto a los gastos de personal, se consagra la congelación de los salarios públicos anunciada junto a las bajadas de 2010. También baja proporcionalmente la aportación al plan de pensiones de la AGE (que ya se redujo en 2010 un 30% respecto al año anterior).
Los altos cargos acumulan el tercer año de congelación, y en el caso del gobierno consolidan su bajada del 15%:
En cuanto a la oferta de empleo público, se establece que el número total de plazas de nuevo ingreso será, como máximo, igual al 10% de la tasa de reposición de efectivos y se concentrará en los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios.
El año pasado el porcentaje máximo establecido fue del 15%, por lo que cabe esperar otro año duro para los opositores.
En cuanto a las pensiones, las de carácter contributivo no se revalorizarán, mientras que las mínimas y las no contributivas subirán el 2,3%. Así, la pensión mínima de jubilación sin cónyuge a cargo y la de viudedad será 601,40 euros mensuales, mientras que la pensión máxima queda fijada en 2.497,91 euros (ver Real Decreto 1794/2010).
En el IRPF se introduce un nuevo tramo de gravamen entre los 120.000€ y los 175.000€, y se gravan como rentas del ahorro las percepciones por reducciones del capital social a los socios de las SICAV (recordemos, el 19% hasta los 6.000€ y 21% desde los 6.000€). También se eliminan las deduciones fiscales por adquisición de vivienda para rentas superiores a los 24.107,20€ anuales, si bien se mantienen para aquellos que ya las venían disfrutando.
En conjunto, se trata de unos presupuestos muy restrictivos, lo suficiente como para tener efectos en la actividad administrativa cotidiana. Veremos si los ajustes se focalizan en asuntos realmente prescindibles o se produce impacto en la prestación de los servicios públicos.


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